¿Quiénes somos?

Nuestra empresa cuenta con profesionistas que tienen más de 30 años de experiencia en el ámbito gubernamental, brindando entre otros, los servicios de blindaje operacional de las operaciones contractuales, asesoría, consultoría, auditoría, cuenta pública, presupuestos, apoyo en observaciones de los órganos fiscalizadores, desarrrollo de procesos, planeación, gestión, etc. a todo tipo a entidades públicas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normatividad correspondiente.


Contamos con soluciones legales para servidores públicos, entidades públicas y sector privado directamente relacionado con la responsabilidad administrativa relacionada con sus funciones, o en su caso, con sus actividades gubernamentales.

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Nuestros servicios relacionados con el área gubernamental

Aplicados tanto al cumplimiento de la normaitividad, como a la defensa de funcionarios públicos, o de proveedores, contratistas empresas, o en su caso auditoría o fincamiento de responsabilidades de personas o funcionarios ligados a la administración pública, se encuentran plasmados entre otros, en los siguientes puntos:

Ofrecemos consultoría especializada en gestión gubernamental.

Contamos con soluciones legales y servicios aplicados tanto al cumplimiento de la normatividad como a la defensa de funcionarios públicos o de proveedores, contratistas, empresas, o en su caso, auditoría o financiamiento de responsabilidades de personas o funcionarios ligados a la administración pública.

Gobierno

  • Entrega-recepción de administraciones y cargos públicos.
  • Integración y elaboración de libros blancos.
  • Transparencia de gestión.
  • Difusión de logros municipales.
  • Reingeniería de procesos.
  • Diagnóstico Organizacional.
  • Cobranza de cartera vencida.
  • Contratación y reestructuración de deuda.
  • Elaboración de contratos y convenios.
  • Elaboración de Reglamentos.
  • Elaboración de costo beneficios.
  • Imagen urbana.
  • Elaboración de proyectos y programas sociales.
  • Regularización de inmuebles patrimonio público.
  • Licitaciones.
  • Gestión y representación para la obtención y tramitación de recursos.
  • Diagnósticos legales y atención de auditorías.
  • Control, vigilancia y fiscalización de recursos públicos.
  • Contestación y soporte de observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores.
  • Planeación estratégica y modernización administrativa. (acciones para eficientizar y optimizar la operación y procesos)
  • Elaboración de Planes Estatales y Municipales de Desarrollo.
  • Elaboración de manuales de orden y procedimiento.
  • Identificación y diseño de políticas públicas. (acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.)
  • Desarrollo de contenidos e implementación de cursos para servidores públicos en materia de responsabilidad administrativa, penal, controversias derivadas de contrataciones públicas, entre otros.
  • Gobierno Digital

    En alianza con expertos en el desarrollo de software, nuestros socios han aportado su conocimiento y experiencia en la administración pública para desarrollar soluciones informáticas que impactan positivamente la productividad y proporcionan información estratégica en la toma de decisiones. Estas soluciones de adecuan según las necesidades, objetivos y prioridades de cada entidad gubernamental.

    Nuestro software brinda un efectivo control gubernamental, y se encuentra respaldado por nuestra empresa filial LPA Technologies, S. de R.L. de C.V.

    Defensa de servidores públicos, de contratistas y proveedores de gobierno de procedimientos en materia de responsabilidad administrativa.

    A.- Servidores Públicos.

    En el ejercicio de la función pública, la operación diaria de los servidores públicos de alto nivel, es ardua, por lo que en ocasiones, la inatención adecuada por falta de tiempo de las funciones y obligaciones asignadas, pudiera ocasionar sin intención, descuido en el cumplimiento de la normatividad aplicable, lo que pudiera traer como consecuencia el inicio de procedimientos administrativos, originados por alguna queja, denuncia o auditoría de los órganos fiscalizadores. Dichos acontecimientos pudieran realizarse durante el período de la administración en la que participan, o inclusive mucho tiempo después de haber concluido su encargo público, ya que las nuevas disposiciones en esta materia, otorgan en algunos casos, un período muy amplio para que los nuevos funcionarios o servidores públicos, o las nuevas administraciones, inicien procedimientos administrativos a ex funcionarios o ex servidores públicos con la finalidad de fincar sanciones administrativas y penales.

    También los servidores públicos, en su diario actuar son objeto de auditorías por parte de los órganos fiscalizadores para verificar el cumplimiento de la normatividad, ya sea, entre otros, para revisar el adecuado desempeño de sus funciones o la correcta aplicación de los recursos públicos, de la que podrían derivar observaciones u omisiones que originen procedimientos administrativos en su contra, con probables fincamientos de sanciones administrativas, patrimoniales o penales, que pueden deparar una grave afectación a su libertad, reputación profesional y al patrimonio personal construido durante toda su vida.

    Nuestra firma se encuentra preparada para acudir en defensa de los servidores públicos en el ámbito del régimen de responsabilidades administrativas iniciadas por los órganos fiscalizadores de las entidades públicas, ya sea dentro del procedimiento administrativo o antes los tribunales competentes en la materia, así como para defender también cualquier tipo de sanción impuesta a los servidores públicos derivada de algún procedimiento administrativo, durante el desempeño de su encargo o fuera de él.

    B.- Contratistas y Proveedores, o cualquier tercero que realice actividades con entidades públicas y reciba recursos públicos.

    A raíz de los cambios realizados en la normatividad aplicable en materia administrativa, los contratistas, proveedores o cualquier tercero que realice actividades con entidades públicas o que reciban recursos públicos, serán sujetos a su aplicación. Lo que pudiera originar sanciones administrativas, económicas y penales, si participaron consiente o inconsientemente en operaciones gubernamentales, en las cuales algún servidor público que intervenga, sea objeto de alguna denuncia, queja o auditoría en la cual se deriven omisiones o incumplimientos a la normatividad que debió aplicar ya sea en el período en el que ejerció funciones y que se realizaron las operaciones relacionadas con obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios o hasta 7 años después de realizadas dichas la operaciones.

    Los integrantes de nuestra firma pueden acudir en la defensa administrativa y penal de los contratistas, proveedores o cualquier tercero que realice actividades con entidades públicas o reciban recursos públicos, derivadas de operaciones relacionadas con obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios que hubieran realizado con entidades públicas.

    Defensa a contratistas y proveedores de gobierno, contra actos de la administración pública.

    Nuestra empresa,  cuenta con un equipo especializado de profesionales del derecho que con base en el análisis de los antecedentes, elaborarán la mejor estrategia para salvaguardar los intereses patrimoniales de su empresa en procedimientos de licitaciones y contratación gubernamental, acudiendo en asesoría o defensa de los contratistas o proveedores, con impugnaciones o litigios en contra de actos emanados de procedimientos de contrataciones públicas, en materia de obra, adquisiciones o contratación de servicios, iniciados por autoridades federales, estatales o municipales.

    Adicionalmente a los servicios señalados en el párrafo anterior, nuestra firma también esta preparada para asesorar o defender, tanto descalificaciones indebidas en los procedimientos licitatorios, como cualquier tipo de sanción impuesta por posibles o probables incumplimientos a las obigaciones contractuales, o rescisiones administrativas efectuadas de manera automática por la autoridad.

    Asesoría al sector público o privado, en denuncias, quejas o fincamiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, por incumplimiento a la normatividad.

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